Trinidad y Tobago consta de dos islas principales situadas a sólo siete kilómetros de la costa de Venezuela.
El gas natural y el petróleo dominan la economía y atraen inversiones extranjeras. En consecuencia, los índices de desempleo han disminuido considerablemente. La educación gratuita y de buena calidad, que se extiende al nivel terciario, condujo a altos niveles generales de alfabetismo.
De todas maneras, el acceso a la educación continúa siendo desigual, y una tendencia que existe entre los individuos muy educados a dejar el país en busca de carreras en el exterior ha causado una “fuga de cerebros” en Trinidad y Tobago. En años recientes, la economía se desvió de la agricultura debido a los costos en alza y las condiciones adversas del clima, y se ha volcado al turismo y al creciente sector de la energía; sin embargo, más de tres cuartas partes de la población todavía viven en las zonas rurales.
El entorno político de esta república parlamentaria continúa dividido racialmente, en parte debido a una larga historia de esclavitud, colonialismo y servidumbre contratada. Si bien la diversidad étnica y religiosa entre la población de estas pequeñas islas contribuyó a una riqueza cultural, también alimentó conflictos étnicos en la sociedad. El tráfico de drogas a gran escala en las islas es problemático, como lo es en toda la región del Caribe, y surge de las exigencias de los clientes de Norteamérica y Europa.
Las islas del Caribe son un paso importante, 216 toneladas por año, para las drogas desde Sudamérica hacia Norteamérica y Europa. Se estima que el tráfico de drogas representa el equivalente a más del 3% del sector formal del producto interno bruto (PIB) de la región. En consecuencia, el uso de drogas y el delito relacionado con drogas continúan dentro de la región, y mientras la administración local busca ayuda internacional para reforzar los reglamentos de seguridad y crear programas de salud específicos para frenar el uso de drogas, el nivel general de atención de la salud continúa siendo desigual en todo el país.
El gasto del gobierno en la atención de la salud es bajo en comparación con el gasto en salud de otras islas de la región. En consecuencia, el sistema público de salud necesita ser modernizado de forma urgente. Esta necesidad es especialmente apremiante en un país donde alrededor del 3% de los adultos están infectados con VIH/SIDA y las opciones de tratamiento quedan atrás respecto de las de los países vecinos.
En respuesta a la creciente pandemia del VIH/SIDA, el gobierno lanzó en 2004 un plan estratégico de cinco años, con prontos resultados que sugirieron cierta disminución de nuevas infecciones. Entre las adolescentes, el índice de infección por VIH/SIDA era cinco veces más alto que el de los adolescentes varones en el año 2001. La adolescente promedio tendrá relaciones sexuales por primera vez a los 15 años de edad y tiene más probabilidades que su par masculino de participar en actividades sexuales riesgosas con compañeros de más edad, durante las cuales no podrá negociar el uso del condón, quedando de ese modo susceptible al riesgo de la infección.
Sólo el 33% aproximadamente de las mujeres casadas afirman que usan anticonceptivos, y el Ministerio de Salud ha informado que la cantidad de personas que aceptan planificación familiar en realidad disminuyó en los últimos años. Es posible que, como consecuencia, cerca de la mitad de todos los embarazos anuales no sean planificados. Sin embargo, las leyes de aborto restrictivas del país dejan a muchas mujeres sin otra opción que buscar abortos en condiciones ilegales y por lo general inseguras.
PPFA en Trinidad y Tobago
En Trinidad y Tobago, Planned Parenthood Federation of America (PPFA) trabaja con una organización asociada para realizar investigaciones y aumentar la conciencia acerca de los efectos perjudiciales de las políticas restrictivas de salud sexual y reproductiva, y para defender cambios de política que protejan la salud y los derechos reproductivos en el país.
Actualmente, el aborto es legal en Trinidad y Tobago solamente para salvar la vida de una mujer o para preservar la salud mental o física de la mujer. Sin embargo, el movimiento por los derechos de la mujer en Trinidad y Tobago está relativamente bien organizado y se hace escuchar, y la prensa es bastante libre y activa, lo cual promueve instituciones democráticas saludables. Por lo tanto, el entorno es propicio para cambios significativos y positivos en el área de la salud reproductiva y los derechos reproductivos.
En 2001, PPFA brindó el apoyo inicial para la fundación de la base de la organización de los derechos de la mujer Advocates for Safe Parenthood: Improving Reproductive Equity (ASPIRE, Defensores de la Paternidad y la Maternidad Seguras: Mejorando la Equidad Reproductiva), que está dedicada a disminuir los índices de mortalidad y discapacidad maternas causados por abortos inseguros y a defender leyes de aborto menos restrictivas.
El proyecto actual de ASPIRE es una campaña en apoyo a la reforma de la ley de aborto, lo que supone identificar a los aliados clave y apoyar las investigaciones para impulsar la movilización hacia una nueva legislación. Junto con otras organizaciones con ideas afines, el proyecto emplea actividades comunitarias, educación pública, distribución masiva de condones, apariciones en los medios públicos y campañas de redacción de cartas a los miembros del parlamento con la esperanza de que adquieran mayor conciencia de su misión reformadora.
Recientemente, ASPIRE encargó una encuesta nacional sobre el conocimiento y la percepción del aborto y la ley de aborto en Trinidad y Tobago a un equipo de investigación muy respetado. Los resultados mostraron que el 69% de los encuestados estaban de acuerdo en que la ley de aborto actual necesita ser modificada y un 66% creía que la ley actual es ineficiente para prevenir abortos.
El trabajo de ASPIRE en Trinidad y Tobago está marcando el camino hacia a la oposición a las leyes de aborto restrictivas y en favor a mayores opciones de salud reproductiva y sexual para las mujeres.
